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5 de junio de 2020

El Colegio se une a las acciones legales iniciadas por el Consejo General de Enfermería para proteger a nuestros profesionales.

 

El CGE se querella contra el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad y su equipo por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de La Rioja ha decidido unirse a esta querella.


El CGE se querella contra el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad y su equipo por un delito contra la seguridad de los trabajadores

La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de La Rioja ha decidido unirse a esta querella

El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento, concretamente la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación; la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública; la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Esta querella viene a sumarse a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos.

Un delito contra la seguridad de los trabajadores:

En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.

El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos. Así, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia. A tal fin, los expertos del Consejo General de Enfermería han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente al Covid-19. El resultado final ha llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmente por la vía penal.

 

Desde este Colegio hemos mantenido en todo momento una actitud colaborativa con las autoridades sanitarias y seguiremos haciéndolo porque todos nos jugamos mucho, pero no nos vamos a olvidar de exigir responsabilidades.

Esperamos de las autoridades sanitarias la toma de medidas efectivas y la asunción de responsabilidades.